Luego de la publicación de unos testimonios de familiares de personas presas del penal estatal de Almoloya de Juárez, sobre que les llegan a cobrar cuotas de hasta 10 mil pesos al mes para que los internos puedan comer alimentos, usar servicios básicos, entre otros, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inicio una investigación.